Irregularidades en la privatización del agua

Con este articulo de Fernando Pastor, publicado en el peridico Diagonal, abrimos una nueva seccion dedicada integramente a nuestro querido alcalde, donde recoger su trayectoria tan democratica y dedicada al servicio de la gente de Valladolid.

En Valladolid el agua se privatizó en 1997. Recientemente salió a la luz que la ciudad perdonó tres millones de euros a la adjudicataria. En León, la privatización está rodeada de protestas.


En Valladolid, la empresa adjudicataria de la privatización fue Agualid SA. En el pliego de condiciones de la adjudicación figuraba que esta empresa se haría cargo del canon que el Ayuntamiento paga a la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) por vertidos de aguas a cauces públicos, obligación asumida hasta el punto de que Agualid lo incluyó dentro de sus costes a la hora de determinar su oferta económica. Sin embargo, Agualid nunca ha abonado el canon al Ayuntamiento, pese a que la adjudicación se produjo hace ya 12 años.

En 2008, la concejalía de Desarrollo Sostenible advirtió que Agualid nunca había abonado al Ayuntamiento ese canon, por lo que realizó una propuesta de decreto para reclamarle el pago, que cuantificado solamente hasta 2007, ascendía a tres millones de euros, según estimación de la propia Intervención Municipal. Esta propuesta de decreto recibió el visto bueno de la Asesoría Jurídica municipal. Pese a todo ello, el alcalde, Javier León de la Riva, se ha negado a firmarlo.

De esta forma son los ciudadanos quienes están pagando dos veces ese canon. Por un lado con los impuestos que pagan al Ayuntamiento (que han experimentado un aumento escandaloso), de los que sale ese canon a abonar a la CHD, y por otro lado en su factura del agua, ya que Agualid estima su importe considerando como un coste más ese canon, pese a no pagarlo la empresa.

Se da la circunstancia de que recientemente el Ayuntamiento ha tenido que pagar a Agualid dos millones de euros por los planes de pensiones de antiguos trabajadores, aumentados con unos intereses de demora de 40.000 euros. Cuando el tema ha sido destapado por la oposición, Javier León de la Riva ha manifestado que tiene intención de recuperar el dinero adeudado, pero que no firmó el decreto para “evitar pleitos; más vale un mal arreglo que un buen pleito”.

Sin embargo, no es la primera vez que el alcalde obra de forma similar, ya que no hace mucho perdonó medio millón de euros a unos promotores inmobiliarios que tenían que haber pagado en concepto de tasa urbanística.

Incidentes en León

Pese a que en la campaña electoral del PSOE en León, uno de sus compromisos fue que no se privatizaría el agua, el alcalde de este partido, Francisco Fernández, ha impulsado en este año la privatización del servicio. De hecho, cuando se planteó la privatización, la hasta entonces concejala de Medio Ambiente, Humildad Rodríguez, dimitió. La ruptura del compromiso quiso camuflarse bajo la frase “semiexternalización del 49% del servicio”.

En el primer pleno municipal en el que se iba a plantear el tema, el conocido líder ecologista leonés Ramiro Pinto Cañón se levanto de su asiento entre el público y tras decir “esto es una ‘intifada poética’ contra la mentira del alcalde sobre la privatización del agua”, se puso a recitar versos sobre el agua y la ciudad. Cinco policías municipales se abalanzaron sobre él, tirándole al suelo y sacándole en volandas del Ayuntamiento. Otros asistentes a la sesión tomaron el relevo y continuaron recitando el poema, logrando la suspensión del pleno.

En días posteriores hubo manifestaciones en las que se siguieron leyendo poemas y se recogieron miles de firmas contra la privatización con eslóganes como “somos ciudadanos, no clientes”. En otro pleno, el ecologista Ramiro Pinto levantó a modo de recordatorio una carpeta que el propio alcalde Francisco Fernández le había dado en la campaña electoral como muestra de que no iba a privatizar el agua, en cuya portada se leía: “León PSOE. Otra forma de ser, otra forma de gobernar. En un tercer pleno, celebrado el 8 de junio, ante la cercanía de las elecciones europeas, a las que el PSOE acudía con el slogan “Este partido se juega en Europa”, Ramiro Pinto acudió con un silbato y una tarjeta roja para “expulsar por juego sucio” a ese jugador.

Todo ello le valió a Ramiro Pinto la apertura de un expediente en el que se propone para él una multa de 6.010 euros. El resultado: el embargo de una cuenta bancaria abierta con una beca de un miembro de su familia, absolutamente necesaria para su finalidad. En este expediente se comete una falsedad: en ninguno de los incidentes fue identificado formalmente, por lo que la Policía Municipal no dispone de su DNI, y en el expediente figura un número inventado.

No sería la única falsedad, ya que relacionado con este tema se ha celebrado otro juicio, por la presunta agresión de un policía municipal a otra persona que participó en las protestas. El policía se cambió la placa identificativa con otro compañero, por lo que al ser llamado al juicio acudió el propietario de la placa y no el autor de la agresión, declarando que él no había pegado a nadie. Ante la evidencia del fraude, el juicio fue suspendido.

Otras actuaciones represivas han sido multas por pegar carteles en un lugar en el que habitualmente se colocan sin ningún problema. Todo ello ha dado lugar a un recurso contra el expediente a Ramiro Pinto, en el que se resalta el carácter represivo y de atentado a la libertad de expresión en todo lo ocurrido.